La dignidad de Catalunya. La dignidad de la prensa catalana.

La prensa no está muerta. Ni estaba de parranda. Aunque sus resultados económicos muestren lo más crudo de una crisis profunda, del propio modelo, sigue siendo un generador esencial de opinión pública y esa voz de la consciencia que a veces es tan necesaria escuchar. Aunque la información sea cada día más parte del espectáculo, el sensacionalismo se expanda a una velocidad de vértigo; a veces, sabe jugar el papel que le corresponde.

Hoy, la prensa catalana ha dado un ejemplo de ello. Un buen ejemplo. Algo que no gustará a muchos más allá de las fronteras de Catalunya, pero que tampoco contará con el beneplácito de otros tantos que desean el hundimiento del Estatut. Fuera de Catalunya, porque creen que rompe España –tras dos años de aplicación de esta Ley Orgánica no parece que ocurra- o porque creen que si el Tribunal Constitucional tumba el Estatut, Catalunya proclamará la independencia al día siguiente. Algo más que improbable.

Lo importante del gesto de hoy es la escenificación más plausible de la unidad de medios muy diferentes –antagónicos incluso- por un mismo objetivo: defender lo que se aprobó tres veces. La editorial es sensato y respetuoso. No deslegitima al alto tribunal pero apunta a una anomalía que no es permisible en una sociedad democrática avanzada: que los miembros que deben decidir sobre una ley tres veces legítima sean objetos de la politización más burda. Un tribunal que debe decidir aunque el mandato de muchos miembros haya expirado ya.

La prensa catalana ha puesto de manifiesto un problema. No un problema catalán, sino un problema español. Algo que debería preocupar a todos. Si el Constitucional cercena el Estatut, ¿qué? ¿Qué pasa con el choque de legitimidades? ¿Qué pasa con el pacto político que supone el texto estatutario? ¿Y luego? En definitiva, algo que va directamente al corazón de la convivencia.

El momento político es apasionante, aunque sea cual sea la decisión, será dura. Catalunya se prepara para una sentencia que, si es negativa, se vivirá como una gran derrota. Pero el gesto de la prensa catalana demuestra que si eso ocurre, la sociedad civil, política y económica catalana está preparada para no quedarse de brazos cruzados. Lo muestran los gestos (la editorial, pero también la afrenta de Montilla, los avisos de Mas y CiU, las declaraciones de Saura…) pero también un ánimo generalizado de que se daría un enorme paso atrás que no todos están dispuestos a hacer.

Os dejo el texto íntegro de la editorial conjunta.

La dignidad de Catalunya

Después de casi tres años de lenta deliberación y de continuos escarceos tácticos que han dañado su cohesión y han erosionado su prestigio, el Tribunal Constitucional puede estar a punto de emitir sentencia sobre el Estatut de Catalunya, promulgado el 20 de julio del 2006 por el jefe del Estado, rey Juan Carlos, con el siguiente encabezamiento: «Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado, los ciudadanos de Catalunya han ratificado en referéndum y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica». Será la primera vez desde la restauración democrática de 1977 que el Alto Tribunal se pronuncia sobre una ley fundamental refrendada por los electores.

La expectación es alta. La expectación es alta y la inquietud no es escasa ante la evidencia de que el Tribunal Constitucional ha sido empujado por los acontecimientos a actuar como una cuarta cámara, confrontada con el Parlament de Catalunya, las Cortes Generales y la voluntad ciudadana libremente expresada en las urnas. Repetimos, se trata de una situación inédita en democracia. Hay, sin embargo, más motivos de preocupación. De los doce magistrados que componen el tribunal, sólo diez podrán emitir sentencia, ya que uno de ellos (Pablo Pérez Tremps) se halla recusado tras una espesa maniobra claramente orientada a modificar los equilibrios del debate, y otro (Roberto García-Calvo) ha fallecido.

De los diez jueces con derecho a voto, cuatro siguen en el cargo después del vencimiento de su mandato, como consecuencia del sórdido desacuerdo entre el Gobierno y la oposición sobre la renovación de un organismo definido recientemente por José Luis Rodríguez Zapatero como el «corazón de la democracia». Un corazón con las válvulas obturadas, ya que sólo la mitad de sus integrantes se hallan hoy libres de percance o de prórroga. Esta es la corte de casación que está a punto de decidir sobre el Estatut de Catalunya. Por respeto al tribunal –un respeto sin duda superior al que en diversas ocasiones este se ha mostrado a sí mismo– no haremos mayor alusión a las causas del retraso en la sentencia.

La definición de Catalunya como nación en el preámbulo del Estatut, con la consiguiente emanación de «símbolos nacionales» (¿acaso no reconoce la Constitución, en su artículo 2, una España integrada por regiones y nacionalidades?); el derecho y el deber de conocer la lengua catalana; la articulación del Poder Judicial en Catalunya, y las relaciones entre el Estado y la Generalitat son, entre otros, los puntos de fricción más evidentes del debate, a tenor de las versiones del mismo, toda vez que una parte significativa del tribunal parece estar optando por posiciones irreductibles. Hay quien vuelve a soñar con cirugías de hierro que cercenen de raíz la complejidad española. Esta podría ser, lamentablemente, la piedra de toque de la sentencia.

No nos confundamos, el dilema real es avance o retroceso; aceptación de la madurez democrática de una España plural, o el bloqueo de esta. No sólo están en juego este o aquel artículo, está en juego la propia dinámica constitucional: el espíritu de 1977, que hizo posible la pacífica transición. Hay motivos serios para la preocupación, ya que podría estar madurando una maniobra para transformar la sentencia sobre el Estatut en un verdadero cerrojazo institucional. Un enroque contrario a la virtud máxima de la Constitución, que no es otra que su carácter abierto e integrador.

El Tribunal Constitucional, por consiguiente, no va a decidir únicamente sobre el pleito interpuesto por el Partido Popular contra una ley orgánica del Estado (un PP que ahora se reaproxima a la sociedad catalana con discursos constructivos y actitudes zalameras). El Alto Tribunal va a decidir sobre la dimensión real del marco de convivencia español, es decir, sobre el más importante legado que los ciudadanos que vivieron y protagonizaron el cambio de régimen a finales de los años setenta transmitirán a las jóvenes generaciones, educadas en libertad, plenamente insertas en la compleja supranacionalidad europea y confrontadas a los retos de una globalización que relativiza las costuras más rígidas del viejo Estado nación. Están en juego los pactos profundos que han hecho posible los treinta años más virtuosos de la historia de España. Y llegados a este punto es imprescindible recordar uno de los principios vertebrales de nuestro sistema jurídico, de raíz romana: Pacta sunt servanda. Lo pactado obliga.

Hay preocupación en Catalunya y es preciso que toda España lo sepa. Hay algo más que preocupación. Hay un creciente hartazgo por tener que soportar la mirada airada de quienes siguen percibiendo la identidad catalana (instituciones, estructura económica, idioma y tradición cultural) como el defecto de fabricación que impide a España alcanzar una soñada e imposible uniformidad. Los catalanes pagan sus impuestos (sin privilegio foral); contribuyen con su esfuerzo a la transferencia de rentas a la España más pobre; afrontan la internacionalización económica sin los cuantiosos beneficios de la capitalidad del Estado; hablan una lengua con mayor fuelle demográfico que el de varios idiomas oficiales en la Unión Europea, una lengua que en vez de ser amada, resulta sometida tantas veces a obsesivo escrutinio por parte del españolismo oficial, y acatan las leyes, por supuesto, sin renunciar a su pacífica y probada capacidad de aguante cívico. Estos días, los catalanes piensan, ante todo, en su dignidad; conviene que se sepa.

Estamos en vísperas de una resolución muy importante. Esperamos que el Tribunal Constitucional decida atendiendo a las circunstancias específicas del asunto que tiene entre manos –que no es otro que la demanda de mejora del autogobierno de un viejo pueblo europeo–, recordando que no existe la justicia absoluta sino sólo la justicia del caso concreto, razón por la que la virtud jurídica por excelencia es la prudencia. Volvemos a recordarlo: el Estatut es fruto de un doble pacto político sometido a referéndum.

Que nadie se confunda, ni malinterprete las inevitables contradicciones de la Catalunya actual. Que nadie yerre el diagnóstico, por muchos que sean los problemas, las desafecciones y los sinsabores. No estamos ante una sociedad débil, postrada y dispuesta a asistir impasible al menoscabo de su dignidad. No deseamos presuponer un desenlace negativo y confiamos en la probidad de los jueces, pero nadie que conozca Catalunya pondrá en duda que el reconocimiento de la identidad, la mejora del autogobierno, la obtención de una financiación justa y un salto cualitativo en la gestión de las infraestructuras son y seguirán siendo reclamaciones tenazmente planteadas con un amplísimo apoyo político y social. Si es necesario, la solidaridad catalana volverá a articular la legítima respuesta de una sociedad responsable

El PP gana en las encuestas

Hoy es el último día en que los medios de comunicación españoles pueden publicar encuestas sobre intención de voto para las elecciones del próximo 7 de junio. Así, la mayoría de rotativos encabezan sus ediciones dominicales con grandes titulares que muestran los resultados de las encuestas que se han venido realizando los últimos días.

¿Por qué no se pueden publicar más encuestas a partir de hoy? La LOREG –la ley que regula el régimen electoral- lo prohíbe expresamente. El objetivo de esta prohibición, que no tiene ningún tipo de sentido en la era de internet, es evitar que los resultados de estas encuestas afecten a la decisión de voto. Esta particularidad de nuestro sistema electoral se contrapone a la tradición en otros países, como Estados Unidos, donde se hace campaña hasta el último segundo y donde hay prácticamente encuestas en todo momento.

De los titulares que hoy nos brinda la prensa, observamos como según todos ellos el PP se perfila como el ganador de estas elecciones europeas. Según los estudios, los populares aventajarían al PSOE entre 2 y 4 puntos porcentuales en intención de voto; lo que se traduciría en una victoria en votos y escaños de los populares. Las encuestas también mostrarían una tendencia al alza del PSOE y se contraponen a los resultados mostrados por el CIS hace sólo unas semanas. PNV y CiU repetirían los resultados de 2004, IU perdería un escaño y entraría en el reparto el partido de Rosa Diez, UPyD.

Pero, ¿por qué son importantes las encuestas? En primer lugar, porque los partidos necesitan información para ajustar sus estrategias, pero en este caso, porque pueden generar movimientos en el electorado. Por ejemplo, con este panorama el PSOE sólo tiene la opción de blandir una posible victoria de la derecha para mover a su electorado. O el PP llamar a la movilización por el recorte de la diferencia entre ambos en las últimas semanas.

Las diferencias entre las encuestas que hoy podemos ver responden a los diferentes diseños, diferentes muestras, diferentes momentos de hacer las llamadas, etc. Por ello, lo importante es identificar la tendencia que muestran.

Para hacer una buena encuesta debemos tener claro que es lo que queremos analizar, qué objetivos tenemos. Tras ello, se debe diseñar el cuestionaro (que debe responder a esos objetivos) y seleccionar la muestra. En el cuestionario es importante atender a:

  • Orden de las preguntas: es importante empezar suavemente y si nuestro objetivo es saber la intención de voto, preguntar pronto y dejar las otras pregunas más contextuales para el final.
  • Tipo de preguntas y opciones de respuesta: no dejar demasiado espacio a la respuesta libre, vigilar con las gradaciones y las opciones medias o imprecisas, etc.

La muestra es clave para este tipo de encuestas, ya que suelen realizarse por teléfono. Debemos buscar una representación de la realidad lo más ajustada posible, bien distribuida y con un numero suficiente de encuestas.

La encuesta no puede durar más de 15 minutos: nos desesperamos tanto tiempo en casa con una encuesta telefónica tan larga. Eso puede afectar también a las respuestas, de ahí la importancia de preguntar lo más importante al principio.

Lo que está claro es que los encuestados no suelen mentir, pero si engañar, ocultar información, etc. No hay mejor veredicto que el que marcan las urnas, pero sí que nos muestran el estado de opinión a día de hoy. Y ese estado es que Juan Fernando López Aguilar no está poniendo a un PP afectado por graves casos de corrupción y con un candidato con afirmaciones alarmantes, contra las cuerdas.

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